Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Siguiendo las directrices de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha manifestado varias veces que no todos los tramos educativos deberían ser gratuitos, los nuevos recortes puestos en marcha por el Gobierno del PP en relación a las Universidades Públicas implican el desmantelamiento progresivo de las mismas,  y una profundización de su privatización y mercantilización. De nuevo sin ninguna explicación ni justificación, desde el Ministerio de Educación, este Ministro de la Wertgüenza nos impone nuevos recortes en lo que desde siempre ha sido la cima del sistema educativo, la Educación Superior, la más alta tribuna educativa, que contribuye como ninguna otra a formar a personas cultas y libres.

Este último "decretazo", realizado sin ninguna consulta ni contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes, no solo ahonda en los recortes que viene haciendo el PP desde que gobierna, añadidos a los sufridos en años anteriores durante el Gobierno del PSOE, sino que modifica la estructura del sistema universitario, pues introduce cambios legales que afectan sustancialmente al modelo de universidad como servicio público, sustituyéndolo por un modelo elitista. A la vez, supone una pérdida sustancial de derechos y que miles de profesores/as e investigadores/as universitarios se vean abocados/as al desempleo.

El incremento general de las tasas por matrícula implica un retroceso sin precedentes que atenta contra el concepto mismo de Universidad Pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades en el acceso de la ciudadanía a la Educación Superior, previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades. Saben perfectamente que atentar contra el sistema educativo es atentar contra el corazón mismo de una sociedad libre y avanzada, pues supone coartar las posibilidades de formar a individuos que sean capaces de responder y de plantar cara al sistema, tal y como está establecido. Lo único que les interesa es seguir formando a borregos del sistema, a personas que no sean capaces de analizar los últimos fundamentos del mismo, ni a enfrentarse a ellos cuestionándolos y diseñando posibles alternativas.

Las matrículas pasarán a costar, como mínimo, un 66% más que hasta ahora, lo que supondrá hasta 540 euros más al año para el estudiante recién llegado, y se elevarán las penalizaciones a los repetidores, que podrían tener que asumir el 100% del coste de una plaza, entre 5.000 y 7.000 euros. Si a ello le sumamos el reciente recorte de 166 millones de euros en el Programa de Becas y Ayudas al Estudio en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, en un futuro cercano la Educación Superior sólo estará al alcance de quienes puedan pagarla. En efecto, la subida de tasas unida a la reducción de becas constituyen una barrera en el acceso a la Universidad Pública para los estudiantes con rentas más bajas, que expulsará a miles de personas del sistema universitario, atentando contra el derecho universal a la educación.

A nadie se le escapa que, con un aumento tan desmesurado de los precios públicos, se acabarán cerrando muchos títulos, sobre todo de Másters, dada la situación económica del país y los bajos salarios de muchas familias, que no se lo podrán permitir. En Europa, los países con mejores resultados académicos son los que tienen tasas muy bajas, casi de gratuidad total, y que además cuentan con un amplio sistema de becas para sus estudiantes universitarios: Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca… Otro grupo de países, con tasas caras, disponen simultáneamente de ayudas importantes en becas y préstamos públicos para los estudiantes. A su vez, el conjunto de países en el que se encontraba el nuestro hasta ahora, proporcionan escasos recursos a las ayudas al estudio, pero mantienen precios reducidos en las tasas de matrícula (Italia o España hasta la llegada del PP con sus brutales recortes).

Respecto a la dedicación del profesorado universitario a tareas docentes y de investigación, el gobierno ha impuesto el aumento de las horas lectivas hasta en un 50% a los profesores investigadores que no tengan sexenios vivos. El profesorado ve así cómo se merman sus condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. Todo parece indicar que el verdadero objetivo de esta medida es un aumento de las horas de docencia de la mayor parte del profesorado, lo cual supondrá que no se van a abrir nuevas plazas, por lo que los nuevos docentes/investigadores, que son fundamentales para la renovación del sistema, van a quedar excluidos.

Este enfoque no sólo constituye un golpe demoledor al sistema investigador universitario, sino que convierte la docencia en una categoría secundaria, al convertirla en el “castigo” que se impone a “quienes no investigan”. El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma universitaria, en lo que ellos denominan "kilómetro 0" de los recortes, como se recoge en el artículo 68.3 de este Decreto, donde se nos advierte de que solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar. Parece que no se van a quedar tranquilos hasta que no aniquilen todos los pilares básicos de nuestra sociedad, todos los puntales donde descansa el Bienestar y la Cultura de nuestro país. 

Ya hemos comentado que vamos a realizar próximamente una exposición del contenido (con sus críticas correspondientes) del Acuerdo Político-Programático que alcanzaron el PSOE de Andalucía e Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, fruto del cual se aprobó por parte de la militancia (en un polémico Referéndum, como ya hemos comentado en anteriores artículos) la entrada de IU en un Gobierno conjunto con el PSOE-A.

Pues bien, se editó también por parte de la Dirección de IU Andalucía un documento comparativo, para analizar las semejanzas, distancias y proximidades de dicho Acuerdo con otro documento, que fue el Contrato con el Pueblo Andaluz firmado ante Notario por nuestro Coordinador General, Diego Valderas, el 16 de marzo pasado. Me ha parecido interesante, para tener más elementos de juicio y de análisis de cara a la ciudadanía, exponer el contenido de dicho Contrato, para poder ser examinado y comparado con el Acuerdo Político-Programático que supuestamente se va a aplicar en Andalucía durante los próximos 4 años.

El Contrato con el Pueblo Andaluz reza textualmente así: "Dicen que se acabó la edad de los sueños. Pero en Izquierda Unida pensamos que lo que debería terminar es la era de las pesadillas. Cuando empezamos a construir esta democracia y esta autonomía, las tribunas electorales se llenaban de grandes promesas frecuentemente incumplidas. Ahora, lo único que prometen los malabaristas de las mayorías relativas o absolutas, son grandes recortes. Así que vuelve a ser hora de cambiar sus tijeras por hoces y martillos, por escalpelos y ordenadores portátiles, por palustres y microchips.

Eso es lo que propone Izquierda Unida: trabajo, sudor y justicia. La cultura del esfuerzo que no puede ser estrangulada en sus legítimas aspiraciones personales y colectivas, por la cultura de la timba, del espejismo barato y del ladrillo caro.

Así que buscamos ejercer ese derecho llamado Andalucía, esa forma de ser, esa costumbre milenaria que no tiene nada que ver con la corrupción y el latrocinio, con las corruptelas y el amiguismo, con el miedo y la sumisión.

Para ello, el Grupo Parlamentario de IU-LV-CA trabajará durante la próxima Legislatura para sacar adelante los siguientes compromisos con la ciudadanía andaluza:

PRIMERO: Defenderemos el autogobierno conquistado por el pueblo andaluz con la movilización del 4 de Diciembre de 1978 y el Referéndum del 28 de Febrero de 1980. Cumpliremos y desarrollaremos el Estatuto de 2007, para que Andalucía siga estando en pie de igualdad con las demás nacionalidades históricas. Para ello, propondremos al Parlamento 24 leyes e impulsaremos 10 Planes de Actuación.

SEGUNDO: En un Gobierno de IU-LV-CA las políticas corruptas serán erradicadas y los políticos corruptos apartados de la vida pública. Elaboraremos un Código Ético que obligue a todos los cargos públicos, tanto electos como no electos, y su cumplimiento será seguido por un Observatorio de Ética Política vinculado al Parlamento de Andalucía. Reformaremos el Reglamento de éste para que nadie pueda vetar una Comisión de Investigación en su seno. Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía tendrá un mayor poder de intervención en el control de las cuentas de todas las Instituciones andaluzas.

TERCERO: La política económica de IU-LV-CA estará guiada por el artículo 156 del Estatuto, que subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al servicio del interés general, y por el artículo 157.1, que plantea la planificación y la intervención del Estado en la actividad económica como fundamentos de la actuación de los poderes públicos en el ámbito económico. Consideramos plenamente vigente el pleno empleo como objetivo básico de la política económica, según lo establecido en los artículos 10 y 157.3 del Estatuto.

CUARTO: Impulsaremos un Acuerdo Económico y Social, con la participación de todas las organizaciones más representativas de Andalucía, con tres objetivos:

1.- Un nuevo modelo de desarrollo económico solidario y sostenible.

2.- Creación de empleo.

3.- Acabar con la pobreza y la desigualdad social en Andalucía, poniendo en marcha una Ley de Renta Básica e Inclusión Social.

QUINTO: IU-LV-CA mantendrá el firme compromiso de considerar como sectores estratégicos de la economía andaluza a los siguientes:

1.- Sector Agroalimentario, con una Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria.

2.- Turismo de nuestra tierra, con una Ley de Turismo Sostenible.

3.- Energías Alternativas, con una Ley de Ordenación de las Energías Renovables.

4.- Unos Servicios Públicos esenciales de calidad, que contribuyan al bienestar social y creen empleo.

SEXTO: Crearemos una  Banca Pública, Social y Ética de Andalucía, que ofrezca créditos a las pequeñas empresas, autónomos y cooperativas, que son quienes de verdad crean empleo en Andalucía.

SÉPTIMO: Nos comprometemos a una Reforma Fiscal justa. Reforzaremos la Agencia Tributaria Andaluza con el objetivo de perseguir el fraude fiscal, hacer florecer la economía sumergida y acabar con la evasión de capitales. Defenderemos un nuevo Modelo de Financiación Autonómica.

OCTAVO: Mantendremos los servicios fundamentales con un carácter público, universal y gratuito. Para ello, impulsaremos la modificación del Estatuto de Autonomía para impedir cualquier tipo de recortes en Sanidad, Educación, Dependencia y Servicios Sociales.

NOVENO: Propondremos la aprobación como Ley de la "Carta de Derechos de la Ciudadanía", que concrete como derechos subjetivos, exigibles ante las Administraciones Públicas, los derechos políticos, cívicos, sociales y económicos establecidos en el Estatuto. La sociedad andaluza sólo puede ser de iguales y no de desiguales en clase, género y diversidad.

DÉCIMO: Con una Ley de Participación de la Ciudadanía facilitaremos la consulta en los temas de interés general y la Iniciativa Legislativa Popular, e impulsaremos Planes de Evaluación Participativa de la gestión de las distintas Consejerías. Asímismo, reformaremos la Ley Electoral para que sea justa.

En defensa de los derechos de Andalucía, de su mayoría social, trabajadora y honesta, me comprometo con mi firma, en nombre de la militancia, y de todos los candidatos y candidatas de IU-LV-CA, a todo lo anterior".

Pues bien, hasta aquí el contenido de dicho Contrato, que representa, como hemos comentado, unas bases mínimas e irrenunciables, unas líneas rojas que IU no debía estar dispuesta a sobrepasar si llegaba a tener responsabilidades de gobierno en Andalucía. Como ese hecho se ha producido, y a la luz del contenido del Acuerdo Programático firmado con el PSOE-A, y durante la marcha de la próxima legislatura, iremos comentando qué grado de aplicación va teniendo este Contrato y el propio Acuerdo en la acción de gobierno.

Una de las últimas medidas tomadas recientemente en Consejo de Ministros ha sido la de cambiar las reglas de juego en lo que se refiere a la forma de elección del Presidente de la entidad Radio Televisión Española, permitiendo que, en vez de una mayoría de dos tercios, como antes era requerida, sea suficiente con una mayoría simple, con lo que el PP garantiza, con su mayoría absoluta actual, que pueda ser elegido por el partido en el Gobierno. Otra vergonzante decisión tomada autoritariamente, y que se une a todas las demás tomadas anteriormente en deterioro de la democracia, de los procesos participativos, y en este caso, de la garantía de la neutralidad e independencia en los medios de comunicación públicos.

No sólo esto, sino que también ha reformado el nombramiento y el número de Consejeros del ente público de la RTVE, haciendo desaparecer los dos Consejeros que representaban a los sindicatos mayoritarios. Volveremos de esta forma a la época del ex Presidente Aznar, a los tiempos de la ridícula portavocía de Miguel Ángel Rodríguez, a la etapa de los informativos alineados con las posturas del Gobierno, para que sean completo eco de su gestión y medios de difusión de su propaganda política. Se trata del control político de la RTVE, de un asalto a la democracia en los medios audiovisuales, y de otro ataque más contra la pluralidad política de este país. El Partido Popular vuelve a hacer de las suyas, en otro ejercicio de imposición antidemocrática para el control de los medios de comunicación.

Tomando las palabras del Coordinador Federal de IU, Cayo Lara, “el Gobierno da otra vuelta de tuerca más para acentuar la involución democrática en la que parece estar decidido. Con esta decisión recupera la figura del ‘comisario político’ para controlar con mano de hierro a RTVE y a los profesionales que trabajan en ella, cuya independencia parece que le molesta”. Mariano Rajoy acaba con el tan ansiado consenso que tantas veces había pedido a otras fuerzas políticas, sobre todo al PSOE, para el nombramiento de los altos responsables de los Organismos e Instituciones Públicas.

No sabemos hasta dónde va a llegar este ejercicio de "ordeno y mando porque tengo mayoría" del Gobierno del PP, que se pasa la Democracia por el Arco del Triunfo, desoyendo no sólo al resto de fuerzas políticas, sino a la propia sociedad, que lleva pidiendo, a través de movimientos sociales y organizaciones como el 15M, más procesos participativos y democráticos en nuestro país. Nada más alejado de ello, pues cada viernes nos topamos con un Consejo de Ministros que revuelve sin despeinarse todos los acuerdos y cimientos democráticos de este país, sin hablar de los derechos que roba permanentemente a la ciudadanía en general y a los trabajadores en particular. Véanse si no los ejemplos de la Reforma Laboral, de los Presupuestos Generales del Estado, o de los recientes recortes en la Sanidad y Educación Públicas.

Por si todo ello fuera poco, además del cambio en el proceso para el nombramiento del Presidente de RTVE, el Gobierno abre la puerta a los procesos de absorción, desaparición o privatización de los canales públicos autonómicos de televisión, es decir, de las televisiones públicas de todas las Autonomías. Ya veníamos oyendo desde hace tiempo a algunos dirigentes del PP, como la señora De Cospedal, poner en cuestión el sentido, la rentabilidad y la utilidad de algunas televisiones autonómicas, como la de su misma Comunidad. Pues bien, ya se ha abordado también esta cuestión. Llega también la privatización a las televisiones autonómicas, lo cual nos traerá, como estamos acostumbrados a comprobar en el resto de canales privados, peor calidad, más publicidad, menos respeto a los telespectadores, y en general, un aumento de la "telebasura", además de incidir negativamente en los puestos de trabajo.

Desde la izquierda expresamos nuestro más firme rechazo y oposición a todos estos procesos de involución democrática y de privatizaciones del sector público audiovisual, y continuaremos realizando una apuesta decidida por un conjunto de televisiones y radios públicas en nuestro país que garantizen la plena independencia de sus profesionales y trabajadores, algo que el Partido Popular lleva atacando y despreciando desde siempre. Simplemente, la derecha de este país no soporta que haya unos medios públicos que no le rindan palio, que no sean altavoz de sus propios dogmatismos, o bien que ellos no puedan controlar.

Se celebró el pasado 24 de abril el proceso de referéndum, de consulta abierta a las bases, a toda la militancia (más de 7.000) de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA), para que éstas se pronunciaran sobre dos cuestiones principales. Por una parte, si aceptamos o no, si damos o no conformidad al Acuerdo Político-Programático alcanzado en el trabajo de la Comisión de Diálogo entre el PSOE-A e IU-LV-CA. Y en caso afirmativo, una segunda cuestión crucial, los militantes nos pronunciamos sobre si la colaboración de Izquierda Unida de Andalucía con el PSOE Andaluz debe plasmarse en un Acuerdo de Legislatura, o bien se debe participar activamente en un Gobierno de Coalición.

Efectivamente, tras los últimos resultados electorales del 25-M, se constituyó una Comisión de Diálogo entre ambos partidos, nombrada al efecto de poder llegar a un Acuerdo Programático para la gobernabilidad de Andalucía. Dicho proceso llegó a buen puerto, finalizándose dicho Acuerdo 6 días antes de la celebración del citado Referéndum, para que las bases pudieran conocerlo y estudiarlo con detalle antes de pronunciarse. Incluso se ha editado desde Izquierda Unida de Andalucía un documento comparativo, analizando las distancias y proximidades entre el Programa Electoral propio de IU-LV-CA, y los acuerdos alcanzados con el PSOE-A, y expresados en dicho documento. Al propósito de su difusión y conocimiento para los lectores interesados, abordaré próximamente en este Blog una serie de artículos desgranando el contenido del Acuerdo Programático, consistente básicamente en 250 medidas y 28 leyes.

La participación final en el Referéndum fue del 80,29% del censo de la militancia andaluza, actualizado para tal fin, y los resultados han arrojado un respaldo del 84,5% de los votos para la opción de formación de un Gobierno de Coalición, mientras que el 16,12%  optó por la posibilidad de un Pacto de Legislatura. Por su parte, el Acuerdo Programático ha sido avalado por el 87,4% del electorado, siendo rechazado por el 13,95% restante.

Ahora bien, mi posición es algo crítica en lo que se refiere a las formas y al fondo de la cuestión, esto es, la convocatoria de este Referéndum en los términos celebrados. Una primera crítica se refiere al propio ámbito de participación, que entiendo se debería haber abierto no sólo a la militancia, sino también a todos los votantes y simpatizantes de nuestra Organización, pues ellos también nos han dado su apoyo en las urnas, y deben tener derecho a decidir, ante la tesitura de alcanzar los 12 diputados de representación parlamentaria, cómo debe reflejarse la fuerza de nuestra opción política. Y una segunda crítica la extiendo a las propias preguntas del Referéndum, haciendo referencia sólo a dos de las cuatro posibilidades existentes.

En efecto, la consulta preguntaba a la militancia para que se pronunciara únicamente sobre dos cuestiones, sólo sobre dos posibilidades, cuando el rango de situaciones posibles es más amplio. Parece como si desde la Dirección Andaluza de IU se quisiera haber acotado la situación a dichas dos posibilidades, dejando anuladas y fuera de combate la opinión de quienes pensamos que otras alternativas eran posibles. De menor a mayor implicación, las cuatro posibilidades eran:

1.- No apoyar a nadie, ni al PP ni al PSOE, y abstenerse en la votación de investidura, como ya hicieron nuestros compañeros de IU de Extremadura, en un claro proceso de coherencia política y de acuerdo con nuestra experiencia y con nuestra historia. Es cierto que esta opción hubiese dejado en Andalucía un Gobierno del PP, pero ha sido la opción más votada por los andaluces. No caigamos en el tópico de que "vamos a tener un gobierno de izquierdas" en Andalucía, vamos a tener un gobierno de alianza entre una fuerza de izquierdas (IU) y una fuerza conservadora (PSOE). El resultado de dicho gobierno en la práctica va a depender de la presión que sea capaz de ejercer IU sobre el PSOE para que desarrolle el programa acordado. Si esto no tiene éxito, nos vemos seguramente celebrando elecciones anticipadas.

2.- Apoyar la investidura del candidato del PSOE, para impedir un Gobierno del PP. Lógicamente, esto debía hacerse no gratuitamente, sino desarrollando, como se ha hecho, un Acuerdo Programático que garantizase mínimamente que nuestro apoyo a la investidura estaba en función de que el PSOE desarrollara las políticas alcanzadas en dicho Acuerdo. Ésta creo que hubiera sido la opción más inteligente (así lo planteé en mi artículo "La sabia elección del pueblo andaluz"), de tal manera que, aun marcando las diferencias con el PSOE (y por tanto no alineándonos con ellos), contribuimos con nuestra modesta fuerza parlamentaria a que Andalucía lleve a cabo políticas de izquierda, y no se sumerja también en la marea ultraliberal y conservadora del Gobierno de España.

3.- Apoyar un Pacto de Legislatura con el PSOE, desde la base de un documento, de un Acuerdo Programático, que se debería desarrollar por un Gobierno sólo del PSOE, es decir, sin participación de IU, pero obligado a desarrollar el contenido y las políticas referidas en dicho Acuerdo. Ésta es la primera de las dos opciones que se preguntaban en el Referéndum, y me parece más peligrosa, pues condiciona y proyecta un apoyo de IU durante toda la Legislatura. No tendríamos compromisos de Gobierno, pero igualmente seríamos cómplices de la política desarrollada.

4.- Por último, la posibilidad preguntada en segundo lugar y aceptada mayoritariamente, la de plasmar el compromiso del Acuerdo Programático en un Gobierno de Coalición, participando activamente en un gobierno conjunto con el PSOE. Es la opción más arriesgada, pues no solo vamos a ser cómplices de la política desarrollada, sino que vamos a participar de pleno en su desarrollo, su implementación y su gestión. Vamos a tener que hilar muy fino, porque toda nuestra credibilidad y nuestras posibilidades de ulteriores gobiernos en solitario pueden verse seriamente afectados si no hacemos llegar a buen puerto no sólo los Acuerdos conseguidos, sino la percepción de cara a la ciudadanía de un cambio radical, de un completo giro en la política andaluza de todas las anteriores legislaturas.

Mi opinión por tanto es coincidente en lo que se refiere a la aprobación y el apoyo al Acuerdo Programático (aunque con mis críticas al respecto, que ya iré comentando sobre la marcha de su contenido), pero contraria en lo que se refiere a la participación activa de IU en un Gobierno de Coalición. Creo, como ya he desarrollado más arriba, que el Referéndum debería haber preguntado sobre las cuatro cuestiones (en vez de sólo por las dos últimas), y me decanto personalmente por la segunda opción (apoyar únicamente la investidura del candidato del PSOE, previo desarrollo y aprobación de un Acuerdo Programático).

Parto de la base y absoluta premisa de que el PSOE no es una fuerza política de izquierdas. Es una fuerza política que se sitúa a caballo entre la socialdemocracia y las posturas neoliberales aplicadas a la economía de mercado, por lo cual estamos acostumbrados a escucharles discursos de izquierda, sobre todo cuando están en la oposición, y a llevar a cabo políticas conservadoras cuando gobiernan. Además de todo esto, no han tenido nunca con Izquierda Unida un comportamiento respetuoso, más allá de cuando nos necesitan, como en este caso, para que actuemos como su muleta de apoyo, y demos nuestro respaldo a su gobierno.

La prueba más evidente de lo que digo es que nunca han modificado la Ley Electoral para que los votos de IU puedan tener el mismo peso representativo que el de las fuerzas políticas mayoritarias, y poder deshacer así el bipartidismo reinante en nuestro país. Por todo lo cual, un Gobierno de Coalición no se entiende desde mi punto de vista, pues sólo nos lleva a colocar en ciertos puestos (Direcciones, Consejerías, etc.) a nuestra gente, dando la imagen y la impresión de que somos hermanos de leche, cuando el mensaje que tenemos que dar es radicalmente distinto.

Sé que muchos dirigentes, militantes y simpatizantes opinan que precisamente por esto tenemos que participar en el Gobierno, para tener más responsabilidades directas en la propia gestión de las medidas que se vayan a llevar a cabo, pero eso también se puede realizar desde fuera, con un Pacto de Legislatura, que aproveche los Acuerdos Programáticos alcanzados, y obligue al PSOE a su estricto cumplimiento, o a romper en su caso dicho Pacto. Otros muchos militantes, dirigentes y simpatizantes también opinan que debemos demostrar con esta oportunidad que somos una opción de gobierno real, que no somos gente que nos quedamos en la teoría, en la crítica y en la protesta. Pero este argumento creo que se cae por su propio peso, pues cualquiera que conozca la trayectoria de nuestra coalición, sabe perfectamente que tenemos y hemos tenido cargos en los diferentes ámbitos de la Administración Pública, a todos los niveles, demostrando nuestra capacidad real de gestión.

Y otra opinión que posee una parte de la militancia se refiere a la posibilidad de que si conseguimos que el PSOE gire a la izquierda y la ciudadanía lo nota, al final quedarán ellos como la opción a la que hay que votar, como protagonistras de ese cambio, en vez de IU. Mi respuesta ante este argumento es que, llegado ese caso, nos debería dar igual, porque más que la consecución del poder, más que la acumulación de cargos, lo que nos debe importar sobremanera es la aplicación en nuestra tierra de las auténticas políticas de izquierda, y creo que la mayoría de los ciudadanos, al menos los que nos votan, saben perfectamente que éstas sólo están representadas por Izquierda Unida. Creo, para terminar, que los que han apostado por la participación activa en un Gobierno de Coalición lo han hecho también mirando al pasado, para que no se reproduzca la época histórica (años 1994-1996) de la llamada "pinza", que no era tal, sino que se quiso vender como que el PP e IU se ponían de acuerdo para fastidiarle la vida al PSOE. Nada más alejado de la realidad, pues la oposición de PP y de IU era siempre diametralmente opuesta.

Pero una vez expresada mi opinión, que también avancé en el artículo "La sabia elección del pueblo andaluz", y como no puede ser de otra manera, no sólo respeto y acato lo que la mayoría de la militancia ha expresado en el citado Referéndum, sino que deseo fervientemente que dicha experiencia de gobierno conjunto para los próximos cuatro años fructifique, tenga completo éxito, y consiga su objetivo fundamental, que es llevar a cabo en Andalucía auténticas políticas de izquierda, y conseguir que nuestra tierra actúe como dique de contención de la oleada conservadora y neoliberal no ya sólo del resto de España, sino de la inmensa mayoría de la Unión Europea. Emplazo a los lectores interesados a la serie de artículos donde expondré el contenido del Acuerdo Programático que deberá ser llevado a cabo en la próxima Legislatura andaluza.

No pasa un día sin que este Gobierno de la derecha más papista que el Papa nos dé una nueva noticia, es decir, un nuevo recorte, aplicado a cada faceta de lo público, a cada sector, a cada Ministerio. La "senda reformista" de Rajoy ya nos da cierto vértigo, cierto temor, porque no sabemos qué nueva idea le estará rondando en la cabeza cada vez que habla de nuevas reformas. A este paso, no sé qué sector podrá salir indemne de los recortes, de los hachazos, de los Decretos, a los que este Gobierno nos tiene acostumbrados.

¿Lo último? Pues nuevas fórmulas disfrazadas de co-pago (re-pago, mejor dicho) aplicadas a la Sanidad Pública, que van a provocar que los pensionistas tengan que abonar el 10% del precio público de los medicamentos (dice la Ministra Mato que es que "hay que darle a los medicamentos el valor que tienen"), y los trabajadores tengan que abonar, según su nivel de renta, hasta el 60% de los mismos. Y en lo tocante a la Educación Pública, aplicada al sector universitario, una subida de las tasas de matriculación de un 33% de media, pudiendo llegar hasta el 66% (incluso al 100%) según los casos, además de una sugerencia de no contratar nuevo profesorado, y de reordenar y eliminar algunas titulaciones. Más de lo mismo. Esto ha sido lo último, pero suma y sigue...

Pero además tienen la desfachatez y la poca vergüenza de decir las cosas con una frivolidad tal que te dan ganas, cuando menos, de mandarlos al carajo. El señor Echániz, del PP, dijo que lo de los medicamentos era para los pensionistas "como cuatro cafés al mes", cuando sabe perfectamente que, tal y como está el país, y con la cantidad de familias completas que hay sin ningún tipo de recurso económico, el puntal que proporciona la familia, y concretamente los abuelos, es decir, los pensionistas, es fundamental. Pero lo más sangrante fueron las declaraciones de Mariano Rajoy desde Colombia, en rueda de prensa conjunta con el Presidente Juan Manuel Santos, donde dijo que le pedía un pequeño sacrificio a los españoles, "unos pocos euros", según palabras textuales, porque "no hay dinero...hemos estado viviendo mucho tiempo por encima de nuestras posibilidades...". Despreciables declaraciones de todo un Presidente del Gobierno.

¿De verdad que no hay dinero, señor Rajoy? Yo le voy a decir el dinero que hay, y dónde está, señor Rajoy, por si usted no se ha enterado todavía, y tiene a bien redistribuirlo entre toda la población más necesitada, en vez de ir recortando cada día los servicios públicos de su país: Caja España-Duero recibirá 475 millones de euros más del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para sanear todos los activos inmobiliarios "tóxicos" que ha ido acumulando mediante especulación y operaciones de alto riesgo por las que esperaban obtener grandes beneficios para sus accionistas. Esta inyección de más ayudas públicas es lo que ha posibilitado la fusión de dicha entidad con la andaluza Unicaja, y lo que facilita que se externalicen a un "banco malo" todos esos activos inmobiliarios "tóxicos" que sanearemos con el dinero público de todos.

Estos 475 millones de euros se unirán a los 575 millones de euros que ya había concedido el FROB, sumando la escandalosa cifra de 1.000 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes, es decir, 166.000 millones de las antiguas pesetas. Esta orgía de rescate bancario se une a los 30.000 millones de euros con que fue rescatada la banca privada española en el año 2008, hasta 90.000 millones de euros con la creación del FROB, y a los 1,6 billones de euros que toda la banca privada europea recibió entre 2008 y 2010, y que Joaquín Almunia, Comisario Europeo de Competencia, aprobó prorrogar en diciembre de 2011.

A todo ello se une el negocio que su Gobierno le ha proporcionado también a la banca española con el pago de las deudas de los Ayuntamientos a sus proveedores, que en vez de hacerse a través de Organismos Públicos, lo que hubiera asegurado que dichos avales a las entidades locales se hubieran reinvertido en servicios a toda la población, se realizará a través de bancos privados, que recibirán los intereses correspondientes por parte de todos los ciudadanos a través de los presupuestos locales. Se calcula que la Banca moverá con esta operación unos 6.000 millones de euros, con los que obtendrá un beneficio neto de unos 4.000 millones.

Pues así y todo, nos quieren convencer de que somos todos unos manirrotos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, cuando lo que quieren es engordar y pagarle la fiesta al sector privado, a costa del sufrimiento de las clases trabajadoras. ¿Todavía nos dice usted que no hay dinero, señor Rajoy? Si tuviera usted la mínima dignidad que se le exige a un gobernante, dimitiría usted inmediatamente, porque sus declaraciones son totalmente engañosas, manipuladoras, obscenas, insolentes, inmorales, perversas, retorcidas, intolerables, irresponsables, injustas e impropias de un Presidente al que de verdad le interesa no sólo el nombre de "España", sino las personas que lo formamos, eso que tanto usted nombra, "los españoles". Así que, como español se lo digo, deje ya de tocarnos el bolsillo y las narices, señor Rajoy.