Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

A vueltas con este tema, a ver si conseguimos explicarlo definitivamente y que se entienda bien, con el objetivo de que cale el mensaje en la ciudadanía, y podamos presionar para conseguir la reforma en el sentido indicado. Bien, tenemos que comenzar diciendo que últimamente los dos partidos mayoritarios han aprobado reformas parciales de la Ley Electoral, pero no en el sentido en que nos interesa, que es el de modificar el sistema de cálculo y reparto de escaños, para lo cual llevan poniéndose de acuerdo desde siempre para votar en contra, y seguir perjudicando a los partidos minoritarios, especialmente a la coalición Izquierda Unida.

Comencemos por el principio. En España (y otros países) se utiliza para el cómputo de votos y la obtención correspondiente de escaños en cualquier cámara el Sistema D´hont, que es una fórmula electoral, creada por Víctor D'hont, utilizada para repartir los escaños de una cámara, de modo "aproximadamente proporcional" a los votos obtenidos por las candidaturas. Para conocer el algoritmo al completo y con detalle, véase por ejemplo la página de la wikipedia. Pues bien, lo que resulta básicamente es que aplicando dicho algoritmo y según el tamaño de las circunscripciones electorales, ese reparto total de escaños no se ajusta a la proporcionalidad de los votos realmente conseguidos, pero lo peor es que esta "injusticia electoral" va aumentando a medida que se obtienen menos votos. Es decir, que el sistema es injusto, pues aplica la idea de que a mayor número de votos obtenidos, más "barato" te sale un escaño, esto es, más fácil resulta conseguirlo. Y esta tendencia va además creciendo exponencialmente, y se recalcula durante todo el escrutinio en tiempo real, con lo cual los resultados son realmente injustos, y nada proporcionales.

Sin ir más lejos, la coalición Izquierda Unida, atendiendo al número real de votos que obtuvo en las últimas Elecciones Generales, debería estar representada en el Congreso por 14 diputados, en vez de 2 como actualmente posee. Para comprenderlo mejor, vamos a comentar los datos de número de votos y de obtención de escaños en las últimas elecciones en nuestro país, para algunos de los partidos minoritarios:

• Con casi 970.000 votos, la coalición Izquierda Unida obtiene 2 escaños
• Con más de 306.000 votos, Unión Progreso y Democracia (UPyD, el partido de Rosa Díez), obtiene 1 escaño
• Con más de 306.000 votos (casi lo mismo que UPyD), Partido Nacionalista Vasco (PNV) obtiene 6 escaños
• Por último, con algo más de 770.000 votos, Convergencia i Unió (CIU), obtiene (atención) la friolera de 10 escaños

Pues bien, espero que estos datos sean lo suficientemente ilustrativos para comprender lo que pasa con la Ley Electoral en su estado actual. Los casos de PNV y CIU se explican por el tamaño de su circunscripción electoral, es decir, se entiende que aunque el ámbito de las elecciones sea general, sus votos se circunscriben a Cataluña y al País Vasco, y esa es la razón de que posean tan alto número de escaños, en relación a partidos de ámbito nacional, como Izquierda Unida o UPyD. En fin, como decíamos, toda una injusticia electoral, y espero que este artículo sirva a los lectores para tomar conciencia del problema, y presionar para que se modifique de una vez por todas, y podamos tener un sistema de reparto de escaños justo, proporcional y equitativo para todas las fuerzas políticas.

La polémica está servida y para largo tiempo con esta supuesta Ley, en realidad enmascarada como Disposición Adicional Segunda de una ley mayor, conocida como Ley de Economía Sostenible (LES), y cuyo debate se retomará próximamente en el Congreso y en el Senado. Pero nos vamos a centrar de momento en esta "Ley Sinde", que no tiene desperdicio. Os recomiendo de entrada la fantástica web surgida a raíz de toda esta polémica, http://www.noalcierredewebs.com/, con un montón de artículos relacionados con el tema.

Lo primero que hay que advertir es que ya se veía venir, pues nuestra actual Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ya fue protagonista de una "calurosa bienvenida" a su cargo, incluso antes de tomar posesión del mismo, sobre todo por la comunidad internauta, como nos lo cuenta por ejemplo el sitio web de http://www.neoteo.com. Y esto simplemente porque se trata de una persona muy ligada a las tesis de la SGAE, que tienen una visión de la "cultura" muy conservadora, y que han manifestado desde siempre su animadversión hacia todo lo que representa la revolución digital de Internet, aplicada a este mundo. El origen de la Ley Sinde hay que buscarlo en la multitud de resoluciones judiciales manifestadas en contra del cierre de páginas que supuestamente ofrecían contenido pirata, porque los jueces no veían ninguna vulneración legal de los derechos de autor. Con este precedente, lo que la Ley pretende hacer es crear una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, que será la que reciba las denuncias de los autores sobre las supuestas webs de enlaces, o de descarga ilegales. Dicha Comisión será la que inste a la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre el cierre de dicho sitio web.

Pero bajo este disfraz de aparente legalidad y respeto a los derechos fundamentales, se esconden trampas por todos sitios, para que de modo soterrado se perjudique al derecho de la tutela judicial efectiva. Lo que hay en el fondo es un auténtico desconocimiento del mundo de las Nuevas Tecnologías, y de cómo éstas revolucionan el mundo cultural, y fuerzan a que cambien los modelos de negocio. Pero si miramos todavía más en el fondo, lo que Internet pretende es una evolución hacia la socialización de la cultura, para caminar (a muy largo plazo, pero es el objetivo) hacia un mundo cultural gratuito para el ciudadano final. Y simplemente esto no gusta a un montón de personas que viven del negocio cultural. Pero no se dan cuenta de que están equivocados, de que los que defendemos este modelo no queremos que dichos creadores no vivan de su profesión, no obtengan ingresos por su capacidad creativa, por supuesto que han de vivir de ello, pero con un modelo distinto del actual.

Y no queremos meter a todos en el mismo saco; nos consta por ejemplo que muchos de los creadores culturales de nuestro país (músicos, escritores, cineastas, etc.) están defendiendo la Ley Sinde simplemente como una defensa de su profesión, y esto es totalmente lícito, pero ellos también tienen que entender que la revolución digital y los nuevos modelos de negocio han de imponerse, para caminar hacia un modelo donde la cultura realmente llegue a todos los ciudadanos, digamos "a un precio asequible". Ya lo explican muy bien en el sitio web de 120% Linux (http://120linux.com/ley-sinde/), un blog dedicado al software libre. Hay un montón de enfoques, de puntos de vista, de soluciones que se pueden dar actualmente, sin que tengan que ser definitivas, pero que caminen en esta dirección, y que defiendan al creador cultural, pero de una manera en la que los contenidos lleguen al consumidor final cada vez más fácilmente, y de forma más asequible económica y tecnológicamente hablando.

Tema candente el que se nos cuela estos días en la actividad política, es el de la supuesta Reforma de las Pensiones. Una más de la lista de urgentísimas reformas que hay que hacer según nuestro Presidente, que si fuera Rey tendríamos que llamarlo, como he escuchado ya muy acertadamente a algún periodista, Zapatero I El Reformador. Y es nuestra obligación informar a la gente de que ésta (al igual que otras pretendidas reformas) es una auténtica falacia, que ahora después comentaremos. Pero incluso antes que esto, aunque de verdad fuera tan urgente, y atendiendo a la más mínima sensibilidad, lo que tendríamos que decir es que esa supuesta urgencia quedara "retrasada" hasta que el país se recuperara mínimamente de la crisis económica, y hubiera otro ánimo colectivo.

Pero como decíamos, serios informes avalan justo los planteamientos contrarios al Gobierno, en el sentido de la viabilidad futura del Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP). Más allá de los cambios demográficos de la población, que son ciertos sólo en parte, lo que puede haber de secreta justificación para la pretendida reforma es un apoyo encubierto a los Planes Privados de Jubilación, aparte de un proceso tranquilizador para los mercados financieros. Desde la izquierda, no tenemos más remedio que rechazar dichos Planes de Jubilación privados, pues baste como muestra un botón: con la crisis del vertido de la BP en Estados Unidos, sus acciones han caído estrepitosamente, y dicha empresa británica, que soportaba una inmensa cantidad de planes de jubilación de personas mayores en el Reino Unido, ha tenido que rebajar, y en muchos casos suprimir, las prestaciones de dichos planes. Y es que algo tan importante como es la seguridad de nuestras pensiones en el futuro, no puede dejarse al arbitrio de las vicisitudes económicas de cualquier empresa, por grande que ésta sea.

Bien, centrándonos en nuestro caso, personas tan serias como el Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, han explicado hasta la saciedad que dichas pretensiones se basan en supuestos erróneos, como por ejemplo asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive, no tener en cuenta que las diferencias en longevidad según la clase social son enormes, concluir que el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo (pero sin tener en cuenta que la productividad del país también aumenta proporcionalmente), o equivocarse constantemente en las proyecciones demográficas, sobre todo por no tener en cuenta que lo que realmente importa para el SPP no es el ratio de jóvenes o adultos por cada persona mayor, sino el número de cotizantes reales a la Seguridad Social, y la cuantía de dichas cotizaciones.

A todo ello habría que sumarle otra palpable inconsistencia: si se quiere (como se ha propuesto en estos días) que las personas que se vayan a jubilar a los 65 años (como haciéndonos un favor) tengan que haber cotizado como mínimo 41 años, la premisa es que pueda haber gente con una vida laboral de 41 años, lo cual es ciertamente ilusorio, no ya con la población actual, sino con las previsiones de empleo para las generaciones futuras y los jóvenes actuales. Tomemos como ejemplo un caso típico que cualquiera podrá comprender: si suponemos que un joven actual, universitario, después de hacer los cursos de postgrado oportunos, las prácticas correspondientes, los Masters y todo lo demás que le capacite para acceder a un puesto de trabajo, lo consigue por fin a los 35 años, para poder cotizar 41 (además suponiendo que fueran ininterrumpidos, lo cual ya es harto difícil) tendría que finalizar su vida laboral con 76 años, y claro, eso está bien para magnates como el Presidente de Inditex, pero no para un trabajador corrientito. En fin, como decíamos al principio, toda una falacia.