Debemos enfrentar la realidad: las políticas inhumanas diseñadas para impedir la migración no detienen a las personas en movimiento. Estas políticas fortalecen a funcionarios corruptos y a bandas criminales. Estas políticas criminalizan y arrojan a las personas vulnerables a las manos de traficantes y redes criminales que las explotan despiadadamente
Retomamos de nuevo datos y reflexiones de Patricia Simón en este fantástico reportaje para el medio La Marea: 2018 ha sido el año con mayor número de personas migrantes llegadas por la vía marítima: 43.467 personas, a bordo de 1.636 pateras, a fecha de 15 de octubre pasado. Ello supone 14.000 personas más que en 2017. La mayoría de ellas continúan su periplo hacia otras ciudades de Europa, y sólo están en nuestro país el tiempo imprescindible para poder continuar viaje. La tarea más ardua e imprescindible la realizan los barcos humanitarios de diversas ONG's, que son los que intentan rescatarlos en el mar, y que los muertos sean los menos posibles. Sus experiencias son terribles. Su agotamiento también. Desde hace varios meses acá se ha impuesto la respuesta negativa cuando dichas embarcaciones solicitan un puerto seguro donde llegar. Ante esta petición, se les ofrece la negativa como respuesta. La inhumanidad se vuelve tan descarada, que últimamente es frecuente que los informativos diarios nos cuenten los puertos que se han negado a recibirlos, y el número de días que llevan navegando, intentando que algún país se haga cargo de ellos. Absolutamente inaudito, detestable, aberrante. Hemos llegado a tocar fondo como sociedad, cuando permitimos que estos crueles episodios se instalen en nuestro imaginario colectivo y cotidiano. Vergüenza es la única palabra que se nos ocurre para calificarlo. Y aún así (¡cómo es la naturaleza humana!), muchas veces son las propias reacciones y actitudes de los migrantes los que alegran a las personas que se dedican a su recepción y su traslado. Se contemplan estampas como la sonrisa de un niño, un joven bailando, una madre amamantando a su bebé...son ellos y ellas, a pesar de su tragedia personal, los que inyectan alegría y esperanza a las escenas dantescas que experimentan.
Y muy lejos de estos lugares, de estas desgracias, de estas escenas, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, se siguen llenando la boca hablando de los Derechos Humanos. El cinismo parlamentario alcanza cotas insospechadas. Pareciera que el ser humano ya no puede caer más bajo. Pero cae, y vuelve a caer. Su insensibilidad hacia sus congéneres es absoluta, perversa, malévola, despiadada. Parece que aceptan ya de buen grado, de forma normalizada, que una gran parte de la población mundial se haya vuelto superflua, y sea tratada de forma indigna e inhumana. Las únicas políticas que son capaces de crear son aquéllas que les conducen a la muerte, y si la superan, al encarcelamiento, a la deportación, a la precariedad, a la economía sumergida, a la pobreza y a la miseria. Pero para nuestros gobernantes estas personas sólo son números de una terrible y fría estadística, una estadística que sale en sus gráficos y en sus informes, pero de la cual no quieren saber nada más. Para esta necropolítica neoliberal parece que unas vidas valen más que otras, y sus medidas van orientadas a que toda esta población sobrante se muera, o simplemente, no sea un estorbo, no moleste a la población acomodada. Y luego, estos responsables del diseño de esta indecente Europa Fortaleza se harán los sorprendidos, o se rasgarán las vestiduras cuando contemplen el ascenso del fascismo en sus Parlamentos nacionales, y no sabrán explicarlo, porque no tienen ni la inteligencia suficiente como para darse cuenta de que son ellos/as mismos/as, con sus políticas, los que lo están fomentando. Patricia Simón acierta de pleno cuando afirma: "No, [ese fascismo] es el hijo natural de treinta años de discursos políticos y mediáticos dirigidos a la creación de un enemigo exterior personalizado en el inmigrante, con el fin de desviar la atención ante la incapacidad de la clase dirigente de dar respuesta a los verdaderos problemas de sus sociedades".
Es un fascismo social larvado, criado en los pechos de este salvaje neoliberalismo globalizado, que no tiene empacho en tratar a los extranjeros indocumentados como "el peligro" ante el que hay que protegerse. Nuestra actitud es muy bien resumida por Javier Cortines en este artículo: "Primero les abrimos las puertas, luego los abandonamos y practicamos la segregación y el apartheid". Según Cortines: "Da la impresión de que el valor de los seres humanos depende de su "denominación de origen", pues el "mercado" lo impregna todo, desde la superficie al subsuelo". En efecto, en cualquier metrópoli del mundo podemos comprobar cómo se van formando guetos de migrantes, porque la población autóctona va cambiando su residencia, y abandonando a los extranjeros. Una mayoría sobrevivirán en la marginalidad social, en la clandestinidad, sin derechos, después de pasar algún tiempo encerrados como bestias en los CIE. Vagarán por las calles, permanecerán en un "limbo jurídico" (como afirma Luis Díez en este artículo para el medio Cuarto Poder), carecerán de documentación, sobrevivirán como puedan, serán perseguidos, serán agredidos, soportarán el desprecio, serán discriminados, serán excluidos. Se dedicarán a cualquier cosa, a cualquier tarea que pueda darles cada día el pan que necesitan. Y a veces ni eso. Serán ese grueso de la población ignorada, habitando en una especie de "inframundo social". Serán las dianas de esa ultraderecha racista y xenófoba, que odia a los migrantes, y que desgraciadamente se extiende cada vez más a lo largo y ancho de nuestra geografía. De los miles de expedientes de expulsión resueltos, sólo se ejecuta una mínima parte. Muchos de ellos se niegan incluso a decir a la Policía el país del cual proceden. Simplemente dicen "de África". Estas personas, para las cuales su expulsión no ha sido posible, deberían disponer de una certificación que lo acredite, y así se evitarían desgraciados episodios con la policía. A todos/as ellos/as les gustaría abandonar ese limbo jurídico donde se encuentran, y disponer de algún documento que acredite su situación, y así poder abrirle puertas a la "legalidad", a conseguir la nacionalización, etc., y así tener más posibilidades de salir de esa marginalidad donde se encuentran.
Pero tampoco ocurre esto, así que estas personas continúan en su triste y anacrónica situación. Los partidos políticos de la derecha xenófoba se oponen a estas medidas, y continúan argumentando vilmente que eso constituiría un "efecto llamada" insoportable. Hasta ese punto llega su indecencia. Las políticas de fronteras son así de despiadadas...para los pobres. Luis Díez nos informa de que, en consonancia con la recomendación de la Comisión Europea del 16 de noviembre de 2017, recogida en la llamada Directiva de Retorno, el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos solicitó al Gobierno "medidas para documentar por escrito a las personas migrantes con órdenes de retorno aplazadas temporalmente, para establecer la extensión de su estatuto de garantías, y para especificar los supuestos y requisitos en los que resultaría procedente otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada". Esta petición ha sido ignorada a día de hoy. El limbo jurídico continúa, la exclusión social también, la desesperación de estas personas también. Son personas invisibles para el poder, pero tremendamente visibles para uso y abuso de explotadores, violentos y racistas. Extrapolemos esta situación a todo el contexto europeo, donde millones de personas sobreviven en la más oscura tragedia. Una política de fronteras sensible debería ampliar el catálogo de opciones legales de residencia, sin embargo no lo hace. Y mientras todo ello ocurre, el proceso de externalización de nuestras fronteras crece, se amplía y continúa ofreciendo pingües beneficios a los sectores armamentísticos y de seguridad, que son los principales nichos de mercado que se han beneficiado con el creciente número de contratos y medidas de seguridad fronteriza. En el fondo, como tantas veces hemos afirmado, es el capital quien sale ganando con todas las "soluciones" que se diseñan. Sean éstas cárceles, muros o sistemas de impedimento legal, las empresas que están detrás de estos instrumentos salen ganando.
Y es que el gran capital no tiene amigos, ni sensibilidad, ni nacionalidad, ni fronteras, sólo posee intereses. No responderá por nada ni por nadie, sólo estará a la hora de contabilizar los beneficios. Le dará igual de dónde proceden, sólo le importarán las ganancias. No se cuestionará la licitud o ilicitud de sus negocios, sólo se marcará el objetivo de incrementar sus cuentas de resultados. Y así, millones de euros son destinados en la actualidad a una serie de proyectos destinados a impedir la migración de determinadas personas hacia territorio europeo, o su desplazamiento dentro de éste. El rango es amplio: incluye la colaboración con terceros países (fuera de la UE) para la aceptación de personas deportadas, la formación de su policía y guardia fronteriza, el desarrollo de potentes e inteligentes sistemas biométricos de identificación, la dotación de sofisticado equipamiento, incluidos helicópteros, barcos patrulleros, vehículos, y equipos de vigilancia y seguimiento. Como podemos imaginar, las empresas que están detrás de la fabricación de todos estos instrumentos, se están haciendo de oro. Y así, a la Unión Europea y sus Estados miembro no les preocupan si esos terceros países con quienes acuerdan estas cuestiones respeten o no los derechos humanos, si son más o menos autoritarios, más o menos represores, más o menos violentos. La UE emplea una erudita retórica sobre los derechos humanos en sus discursos, sus altos jerifaltes pronuncian exaltados discursos, reclamando el cumplimiento de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, pero después de que los discursos acaban, acuerdan con regímenes dictatoriales siempre y cuando éstos se comprometan a impedir que la "migración irregular" llegue a las costas europeas, o a sus alambradas y concertinas. Sin ir más lejos, la UE ha firmado acuerdos con regímenes infames como los de Chad, Nigeria, Bielorrusia, Libia o Sudán, y les ha proporcionado fondos para que realicen su "trabajo". La violencia y la represión contra personas desplazadas por la fuerza fomentan también la migración clandestina, consiguiendo el efecto contrario al que se pretende. Porque de esta forma, reconfiguran y potencian el negocio del tráfico de seres humanos, y refuerzan el poder de las mafias y redes de trata de personas, de extorsión y de violencia contra ellas. Como consecuencia, muchas personas se han visto obligadas a buscar otras rutas, a menudo mucho más peligrosas, y a confiar en traficantes que cada vez tienen menos escrúpulos. La situación por esta vía se complica. Continuaremos en siguientes entregas.