Actualidad Política y Cultural - Blog de Rafael Silva

Durante estos días estamos asistiendo a una polémica política muy viva e intensa, que tiene por objeto la renovación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces por excelencia. Como sabemos, los jueces son funcionarios de carrera que desempeñan su trabajo con arreglo a la ley, que superan un concurso-oposición que les garantiza su trabajo durante su vida, pero todo lo que se refiere a su organización interna (estatuto jurídico, destinos, asuntos, cargas de trabajo, incompatibilidades, ascensos, inspección, sustituciones, jubilaciones, bajas, traslados, régimen disciplinario, recursos de amparo…) es decidido por este órgano de gobierno. Los miembros de este órgano son los que deben ser renovados cada 5 años por las Cortes, bajo las premisas generales establecidas desde la Constitución de 1978 (en su artículo 122, y concretadas en una posterior Ley Orgánica de 1985, que llevó a que todos los miembros del CGPJ sean elegidos por el Parlamento). Clarifiquemos entonces: los jueces no son nombrados, como tampoco lo son los profesores de la escuela pública, sino que acceden a su puesto por medio de una oposición basada en los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Pero son los jueces nombrados para formar parte del CGPJ los que toman las decisiones organizativas para este Cuerpo del Estado, que forma, como sabemos, uno de los tres poderes del mismo, concretamente el Poder Judicial. Lo más interesante de sus funciones es que el CGPJ nombra a los Presidentes del Tribunal Supremo, de todos los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas, y demás puestos judiciales gubernativos. Y como muy bien explica Victoria Rodríguez-Blanco en este artículo: “Es esto lo que a los partidos les preocupa, la composición del órgano, porque no debe olvidarse que también los parlamentarios son aforados y serán en estas sedes jurisdiccionales donde se resolverán sus causas procesales”. Cuando los políticos y la ciudadanía aluden a la expresión “Que los jueces sean elegidos por los jueces”, a lo que se están refiriendo es a que dicho Cuerpo funcionarial (público) de jueces que forman dicho Poder del Estado elija o nombre a su vez a sus propios colegas que los van a representar en dicho órgano de gobierno, y que por tanto van a tomar las decisiones que les competen a todos.

Bien hasta aquí. ¿Dónde está, entonces, el problema, y por qué la renovación del CGPJ está causando tanto revuelo? Entender esto ya no es tan fácil, y para hacerlo hemos de remontarnos al franquismo. Como sabemos, el franquismo fue un régimen ilegítimo, injusto, criminal, totalitario, sanguinario y dictatorial, que exigía que toda la comunidad pensara lo mismo. La libertad de pensamiento era un delito. Todos los poderes, estamentos e instituciones del Estado eran homogéneos, estaban uniformizados, en función de la consecución y permanencia del pensamiento único vigente. Esto implicaba que jueces, policías, maestros, médicos, políticos, abogados, periodistas, etc., rindieran pleitesía (al menos en público) a dicho pensamiento único. ¿Qué ocurrió con el advenimiento de la “democracia”, después de la muerte del dictador? Los redactores de la Constitución de 1978 ya previeron que el estamento judicial podía ser un problema, pues ellos representaban, como hemos dicho, un Poder del Estado. La “apertura democrática” no removió (como debía haber hecho de tratarse de una democracia real) a periodistas, maestros, policías, etc., sino que los mantuvo en sus cargos, e incluso una gran parte de ellos/as fueron propuestos para cargos superiores. De ahí que hablemos, aún hoy, más de 40 años después, de la alargada sombra del franquismo (piénsese por ejemplo en el Ejército, la institución donde existen más miembros ligados a la ultraderecha). Pero los jueces constituían un caso especial, ya que como decimos, podían representar un serio problema, pues a la hora de interpretar las leyes, si no se garantizaba que existiera un balanceo, más o menos representativo, de jueces que “simpatizaran” más con las ideas progresistas frente a otros/as que seguían simpatizando más con las ideas conservadoras, las sentencias podían estar desequilibradas.

Hagamos, para entenderlo mejor, un paralelismo ficticio con el “poder” mediático (siempre se afirma, con acierto, que la prensa es el “Cuarto Poder” del Estado). En efecto, pensemos en los medios de comunicación como si también fueran un “Poder” real del Estado, lo cual no sería descabellado, pues sus titulares, selección de noticias y portadas, conclusiones, líneas editoriales, enfoques y opiniones conforman en gran medida la opinión pública. El abordaje informativo de cada medio puede simpatizar más con la izquierda o con la derecha. Sin embargo, pensemos un momento: ¿está equilibrada la situación actual? Evidentemente, está muy lejos de dicho equilibrio, pues mientras los grandes conglomerados mediáticos, dueños de cientos de periódicos, televisiones y revistas, obedecen al ideario conservador y neoliberal, los que no se alinean con dicha línea editorial son los medios más modestos, y están en su inmensa mayoría únicamente en el mundo virtual, es decir, en Internet. En cambio, los grandes rotativos (El Mundo, El País, La Razón, ABC, La Vanguardia, El Periódico…), de mayor alcance mediático, con más medios humanos y materiales, y con mayor apoyo económico, pertenecen a los grandes grupos empresariales, todos ellos de ideario conservador. La situación es injusta, ¿verdad? Pues igual ocurre con la judicatura. No está para nada equilibrada, pero sin embargo, a este sector de los medios de comunicación no se le ha prestado tanta atención, porque no son ellos los que dictan las sentencias. Imaginemos que se crea un órgano de gobierno de los periodistas (algo así como un Consejo General del Poder Mediático, CGPM), cuyos miembros van a designar a los periodistas que se van a encargar de los medios públicos (las radios y televisiones públicas)…¿Vemos entonces la importancia que tendría la designación de dichos miembros? Dependiendo de los profesionales que nombraran, dichos medios tendrían un evidente sesgo y enfoque conservador o progresista. De hecho, esto es básicamente (a pequeña escala) lo que ocurre con los profesionales de RTVE, cada vez que se da un cambio de Gobierno.

Pero volviendo al asunto que nos ocupa, a estas alturas es conveniente preguntarse: ¿Es independiente un juez/jueza? Pues veamos: si entendemos por “independencia” el hecho o posibilidad de poder realizar su trabajo sin presiones, con todas las garantías de su libertad plena, es evidente que los jueces y juezas son independientes. Ahora bien, cuando usamos dicho término no nos referimos exactamente a eso, sino a la interdependencia existente entre su trabajo (dictar sentencias conforme a su conciencia y con arreglo a la ley) y sus propias ideas y criterios políticos. Hemos de partir de la base de algo muy evidente: la ley es la ley, y lo que hace (o debe hacer) un juez o jueza es dictar sentencia con arreglo a la ley y a la jurisprudencia vigente, pero es igualmente evidente que los jueces y juezas son personas humanas, y que la ley es “interpretable”. Por mucho que un texto legal tenga su letra pequeña, su detalle, siempre puede ser interpretable en un sentido o en otro, y los jueces y juezas, como humanos que son, y ante la dimensión ideológica que poseen sobre cómo debieran sentenciarse los diferentes asuntos, es absolutamente inevitable que hagan su trabajo de forma independiente, sí, pero sujetos a su idiosincrasia política personal e intransferible. De esta forma, un juez conservador puede sentenciar o simplemente ver o entender un determinado asunto desde una perspectiva, mientras un juez progresista puede verlo de otra manera. De ahí que, de hecho, existan varias asociaciones de jueces (así como de fiscales y de abogados, como en cualesquiera otras profesiones), cada una con su corte ideológico concreto (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia…). Pues ya hemos llegado al meollo de la cuestión, si ponemos todas las piezas en el puzzle.

Situémonos a finales de la década de los años 70 del siglo pasado: si proveníamos del franquismo, donde la judicatura era de ideario conservador en su inmensa mayoría, había que garantizar que, ya que estamos hablando de un Poder “independiente” del Estado, los miembros de dicho órgano de gobierno de los jueces estuvieran más o menos equilibrados, y de ahí la propuesta de que sean las Cortes Generales (mediante una votación mayoritaria aprobada por 3/5 de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado) las que propongan los nombramientos de una parte de los miembros del CGPJ. En última instancia, lo que intentaban los “padres” de la Constitución era impedir que se diera cierto corporativismo judicial, y que predominara la soberanía popular (la voz del pueblo que había elegido a sus representantes en el Parlamento) a la hora de proponer estos nombramientos. La Ley de 1985 finalizó el recorrido, derivando al Parlamento todos los nombramientos. Y eso es exactamente lo que se ha venido haciendo desde entonces. Hasta ahora, todas las negociaciones para renovar los miembros de este órgano han sido llevadas a cabo y aprobadas por PP y PSOE, porque el bipartidismo era mayoritario. Sin embargo, hoy día esa proporción ha cambiado, y tenemos un Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos), que constituye la nueva realidad parlamentaria y gubernamental que debería negociar dicha renovación. Sin embargo, el PP se ha negado rotundamente (de unos meses acá) a negociar dicha renovación alegando que Podemos está en el gobierno, y que por tanto sus propuestas de nombramientos van a estar muy escorados a la izquierda (de hecho lo que ha propuesto es que se excluya a Podemos de las negociaciones, lo cual es de nuevo un signo de los tics antidemocráticos, arcaicos, intolerantes y prepotentes de la derecha de este país, que no asume los resultados electorales que no le favorecen). Llegados a esta situación, y para no eternizar el problema, el Presidente del Gobierno ha anunciado que va a proponer una reforma del sistema de nombramientos, de tal manera que sea necesaria únicamente una mayoría absoluta la que pueda acordar dichos nombramientos, en vez de una mayoría más amplia de 3/5, que es la que ahora está vigente.

Lo último ha sido, en respuesta a la ofensiva del Gobierno, la propuesta del PP, que da título a nuestro artículo, y que reza porque “los jueces elijan a los jueces” (Pablo Casado dixit), rebajando la  intervención del Parlamento, una propuesta de retorno al mandato constitucional puro, pero con una tremenda ofensiva ideológica, pues el Partido Popular sabe perfectamente que, aún hoy día, a más de 40 años de período democrático, la mayoría de jueces y juezas poseen un ideario conservador (al igual que los medios de comunicación dominantes). De hecho, el otro partido de la derecha, Ciudadanos, ya abogaba por esta propuesta desde que nació como formación política. Concretamente, el PP ha propuesto que los magistrados elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial (los que se nombran entre jueces en activo), y que el Parlamento elija los 8 vocales del turno de juristas de reconocido prestigio. Visto lo visto, dejar que los jueces nombren a la mayoría de sus colegas para el CGPJ, que a su vez como hemos visto gestiona todos los asuntos judiciales a nivel nacional, es consagrar en la judicatura la permanencia mayoritaria del pensamiento conservador, lo cual sería una estupenda noticia para la derecha y la ultraderecha de este país. Pero por todo lo que hemos explicado, no podemos dejar que dicha propuesta del PP y Ciudadanos prospere, al menos hasta que la institución judicial se haya democratizado en mayor grado, y el balanceo entre jueces conservadores y progresistas garantice un tratamiento de los asuntos más equilibrado. ¿Se atreverían Pablo Casado e Inés Arrimadas a proponer que fueran los jueces los que eligieran a los jueces, si existiera una mayoría de jueces progresistas? Claro que no, ahora lo proponen porque saben perfectamente que la judicatura es un Cuerpo mayoritariamente de pensamiento conservador y de derechas, y por tanto, están tranquilos, pues ven sus intereses protegidos.

Existe un debate de fondo, como venimos explicando desde las primeras entregas de la serie, sobre los fundamentos más elementales del modelo educativo en sí mismo, es decir, en Educación las decisiones son siempre decisiones políticas y sociales, nunca propuestas técnicas para conseguir unas escuelas más "eficaces". Pero sin embargo, este es el principal mensaje que el modelo educativo neoliberal se está esforzando en divulgar desde hace décadas, para que nos olvidemos de la verdadera esencia del proceso educativo. En realidad, las decisiones sobre Educación tienen que ver con múltiples factores políticos, tales como a quién pensamos que va dirigida, qué modelo de sociedad queremos fabricar, o qué responsabilidad queremos que tenga el Estado en dicho modelo (si queremos un Estado más débil o más fuerte a la hora de garantizar los derechos humanos fundamentales), qué responsabilidad tiene la propia comunidad educativa, cómo entendemos al Cuerpo de Profesorado, cómo entendemos la evaluación, y un largo etcétera, que básicamente hemos venido presentando en las entregas anteriores de esta serie. Por su parte, el modelo neoliberal expresado en la LOMCE entiende que la Educación depende de dos factores principales, donde vuelca toda su carga ideológica, a saber:

1.- Los conservadores y neoliberales entienden que la Educación depende de las condiciones innatas y culturales, y del propio esfuerzo de los estudiantes. No estamos de acuerdo. Dicho enfoque representa un determinismo social y cultural (y también biológico) que encamina (casi dirige) a los estudiantes a diferentes resultados y posibilidades, según capacidades, ambiente cultural y expectativas familiares. Y también significa, como apunta Carmen Rodríguez, del Foro de Sevilla, en este breve documento que tomamos como referencia, que las familias que se preocupan y tienen más expectativas hacia el estudio de sus hijos/as, tienen derecho a mejores escuelas, mejores profesores/as y, en general, a una mejor educación. Entienden así la educación solo en función de la meritocracia y de la competitividad, claro está, situándose desde la atalaya de su superioridad en recursos frente a las familias más pobres, vulnerables o desfavorecidas. Justifican bajo estos supuestos los mecanismos selectivos y jerarquizadores que penalizan al alumnado más vulnerable, aquél con más dificultades para el aprendizaje, en lugar de proporcionales una atención adecuada. Por eso, en su modelo educativo están presentes los itinerarios, las evaluaciones externas, la segregación, la falta de atención a la diversidad, y los currículos estandarizados. 

2.- Los conservadores y neoliberales entienden que la Educación depende de expertos, de Comités de "sabios" que son los que deben decirnos lo que hay que hacer. Como si la Educación fuese cualquier otra disciplina científica, la entienden como un proceso técnico que ha de ser tratado tecnocráticamente, en vez de políticamente. Poseen esta visión tecnocrática de la Educación que actúa desde una perspectiva estructural, y desde una perspectiva contextual. Desde la primera perspectiva, influyendo en las políticas educativas de los países y en cómo se deben gobernar las instituciones educativas. Bajo esta errónea perspectiva, los Comités de sabios residen en los organismos internacionales como la OCDE, el BM, etc. Estos organismos evalúan los sistemas educativos, y emiten sus resultados y directrices (véase PISA por ejemplo). Y desde la perspectiva contextual, influyendo en el trabajo del profesorado, donde los "expertos" en Educación dirán a los docentes qué tienen que hacer, por ejemplo dictaminarán las competencias necesarias para ser un líder educativo o un experto en comunicación. 

Como puede comprobarse, es un modelo de gestión inspirado en los fundamentos de la empresa privada, donde la educación es una cuestión técnica, no política. En mi caso personal, he tenido ocasión de comprobarlo fácilmente, pues durante mis largos años de docente en Tecnologías de la Información, he impartido cursos tanto para la empresa privada como para instituciones públicas, observando perfectamente las diferencias de enfoque entre ambos modelos. Al aplicar los fundamentos de la empresa privada al modelo educativo, se buscan los resultados y la satisfacción del "cliente" (en este caso el alumnado y sus padres y madres), aunque sea a costa de un deterioro en las condiciones laborales (en este caso del profesorado) y en la calidad de los servicios (educativos) prestados. El modelo conservador y neoliberal no entiende por tanto la Educación como un derecho humano fundamental (por eso se niegan a su blindaje constitucional), sino como un proceso o servicio sujeto al coste-beneficio, es decir, sujeto a las normas de mercado. Todo ello implica, lógicamente, una mayor desigualdad en la distribución de las prestaciones con consecuencias de exclusión para la población más vulnerable, que se va relegando a unos centros educativos públicos cada vez más residuales y deficientes, pobres en recursos, frente a los centros privados y concertados, con buenos recursos y selección de su alumnado. Segregación y desigualdad educativa pura y dura, y por tanto, injusticia social. Bajo este modelo, el conocimiento pierde su valor y se vuelve instrumental al sistema, se enfoca exclusivamente al futuro mundo laboral de los estudiantes, y por tanto nos indican no solo qué conocimientos son valiosos para el mundo del trabajo, sino cómo deben ser estructurados los contenidos para enseñarlos y qué modelo de persona (ciudadano sumiso al sistema) crean para dar respuesta al modelo de sociedad que demandan las nuevas economías. 

Todas estas bases educativas son precisamente las que queremos cambiar. Frente a un modelo instrumental de la educación, nosotros apostamos por un enfoque como derecho humano fundamental. De ahí que tengamos que reforzar y ampliar la red de centros públicos, dejando de apostar con dinero público por los centros concertados. Y de ahí que entendamos que debe existir una financiación suficiente que garantice la calidad del sistema educativo. Es decir, que en primer lugar hay que acudir a un rescate de los centros educativos públicos, en detrimento de los concertados. En segundo lugar, apostamos por un modelo educativo que se proyecte en igualdad, que esté basado en la igualdad, y ello implica a su vez aplicar los enfoques inclusivos y multiculturales. Todos los estudiantes, vengan de donde vengan, tengan las familias que tengan, y disfruten de los recursos que tengan, tienen derecho a que el sistema educativo les preste su atención en igualdad de condiciones y oportunidades. El sistema educativo ha de ser justo e igualitario, sin dejar a nadie atrás. El sistema educativo debe volcarse sobre los estudiantes que más necesiten, que más apoyos y refuerzos necesiten, que más tiempo y dedicación necesiten, precisamente para poder alcanzar los niveles de los que más tienen. Y en tercer lugar, necesitamos formar a personas críticas con el sistema, para poder comprenderlo y mejorarlo, y ello implica introducir una educación integral lo más completa posible, con ciencias, humanidades, artes, pensamiento reflexivo, etc., para formar al alumnado en todas las vertientes de la personalidad y de la ciudadanía. Y así, no debemos mostrarles únicamente conocimientos utilitaristas para sus posteriores profesiones, sino también valores, actitudes críticas y análisis de su mundo social y cultural (problemas medioambientales, explotación de las mujeres, guerras, austericidio, desigualdades, maltrato animal, educación sexual...). 

Por último, como pieza igualmente fundamental, necesitamos implementar una comunidad educativa democrática, y un profesorado con plena autonomía para que pueda construir el conocimiento con su alumnado. Un profesorado reconocido y valorado socialmente, con unas condiciones laborales que supongan ratios adecuadas para cada clase, para poder garantizar esa inclusividad de la que hablábamos antes. Un horario que contemple no solo las horas de impartición docente, sino también las horas para formarse, establecer redes, preparar las clases y compartir experiencias. Y un profesorado que disfrute de unas condiciones de estabilidad, autonomía y consideración que les permita una pluralidad de visiones para educar a ciudadanos/as libres. Acompañada también de una formación del profesorado inicial y permanente que garanticen los conocimientos profesionales específicos y prácticos, en la que estén implicados los profesores y profesoras en ejercicio, los centros y las comunidades educativas. Y todo ello, enmarcado en vías que garanticen una participación real de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, y profesorado), planteando una verdadera y completa democratización y autonomía de los centros escolares de abajo a arriba. En resumidas cuentas, pretendemos que la Reforma Educativa descanse sobre los pilares de igualdad, laicidad, autonomía, participación democrática, titularidad y gestión públicas, y financiación adecuada. Creemos que solo bajo la conjunción de todos estos factores será posible establecer y alcanzar un modelo educativo realmente útil para la sociedad, y que responda a las demandas sociales, políticas y culturales necesarias. Un modelo educativo que proyecte ciudadanía crítica y participativa, y no simples peones obedientes al sistema imperante. Continuaremos en siguientes entregas.

La tibieza y cobardía de este Gobierno de coalición se hace cada día más palpable. Mientras los ataques de la derecha y la ultraderecha se suceden por doquier, y las críticas se vuelven cada día más salvajes, irracionales e injustas, este Gobierno de coalición se limita a defenderse en un tono de muy baja intensidad. Y ante escándalos mayúsculos que han salpicado la vida pública recientemente, como la huida del Rey Emérito de nuestro país a los Emiratos Árabes Unidos, fruto del eco judicial y mediático de sus fechorías, este Gobierno de coalición descafeinado no aprovecha ni un momento para plantear las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas que nuestro país necesita. Se queda en la propaganda, en la crítica, en el mensaje de Twitter, en la respuesta en una entrevista. Aún no se creen que son Gobierno. La gestión de la pandemia es tibia y deficiente, pues son cobardes para enfrentarse a las grandes asociaciones de patronales que lo único que desean es que les anulen todas las restricciones para poder seguir funcionando sus negocios, y evitar las pérdidas. Y ante la tibieza e insuficiencia de medidas como el Ingreso Mínimo Vital, se les compra el discurso de nuevo a los empresarios, que argumentan que cientos de miles de personas se quedarán en el paro o cerrarán sus negocios, creando más ruina económica y social que la que ya existe. Si hubiesen aprovechado la coyuntura para implementar una Renta Básica Universal, toda esa gente que se queda en paro, que ha de cerrar sus negocios, pero sobre todo, la gente que no posee lo necesario para poder vivir dignamente, se hubiese visto protegida.

Es falso por tanto el eslogan de que “No vamos a dejar a nadie atrás”, porque mucha gente se está quedando atrás, en el camino, en la cuneta, al igual que se quedaron en la crisis de 2007. Y mientras, los inmensamente ricos haciéndose cada día más ricos. Miles de personas que tenían un empleo ahora ya no lo tienen, miles de los que lo conservan son pobres, miles de los que nunca habían tenido que pedir alimentos para sobrevivir ahora lo están haciendo, miles de vidas se están quedando atrás. Y mientras, las críticas de la derecha y de la ultraderecha continúan, no cesan, y se vuelven cada vez más salvajes y crueles. Y entonces, si hagan lo que hagan van a ser criticados…¿por qué continúan instalados en la tibieza y en la cobardía? ¿Por qué no se enfrentan valiente y decididamente a los poderosos y blindan de una vez por todas los derechos a la vivienda y al sustento básico? ¿Por qué no derogan la LOMCE y la Reforma Laboral del PP? ¿Por qué no se atreven a derogar los Acuerdos con el Vaticano para limitar el inmenso poder de la jerarquía católica en nuestro país? ¿Por qué no aprovechan para proyectar un ataque en toda regla, profundo y sostenido, a la Monarquía? Si es que, lo hagan o no lo hagan, van a ser atacados y criticados por tierra, mar y aire…¿por qué de verdad no sientan las bases de una sociedad más justa y democrática para nuestro país? ¿Por qué siguen jugando a la tibieza, a las medias tintas, al sí pero no, a la corrección política, a la defensa en vez de al ataque?

Esa táctica cobarde solo está provocando la desafección de mucha gente de izquierdas, que está comprobando que ni siquiera con un Gobierno que se tilda de “progresista” (el “progresismo” es también un eslogan vacío y sin contenido, si no lo rellenamos con profundas transformaciones) podemos aspirar a conseguir los objetivos que venimos deseando para nuestro país desde el final de la dictadura. Claro, enseguida vendrán a decirnos que hay que seguir apostando por este Gobierno porque no existe alternativa, porque un Gobierno de PP, apoyado por Ciudadanos y por Vox, como existe en algunas Comunidades Autónomas, sería un desastre para el país y para el conjunto de la población, pero no se dan cuenta de que para avanzar en una sociedad hacia modelos más justos y democráticos hay que atreverse a realizar reformas valientes, transformaciones de calado, profundos cambios, porque de lo contrario, la gente que aspira a gozarlos y a defenderlos verán frustradas sus aspiraciones, y caerán en la apatía, que a su vez se traducirá en la abstención electoral, que volverá a reforzar a la derecha, como de hecho ya ha ocurrido en otras ocasiones en nuestra reciente historia. Toda esa masa crítica que aspiramos a cambiar las cosas de una vez por todas en nuestro país volverá a caer en la más profunda decepción, si es que no ha caído ya.

Hay que volver a recuperar la radicalidad en el lenguaje, en el discurso y en los objetivos. Hay que superar la condición de muleta del PSOE, con unos cuantos Ministros/as en el Gobierno de turno, para reconducir la estrategia hacia profundas transformaciones que, al menos por una vez, consigan para nuestra sociedad altas cotas de justicia social. Hay que volver a reivindicar la ruptura con el Régimen del 78, hay que dar respuesta a esa lucha de los pensionistas que siguen (y ya van años) reivindicando unas pensiones dignas, sobre todo una actualización digna de las pensiones más bajas. Hay que volver a los discursos de nacionalización de los grandes sectores económicos y productivos del país (y ni siquiera se han opuesto frontalmente desde el Gobierno a las últimas fusiones bancarias, de Bankia con Caixabank, y la que se proyecta de Unicaja con Liberbank, sabiendo que dichos procesos únicamente representan mayor concentración del poder económico, mayor desigualdad, mayor abuso y tiranía empresarial, y pérdida de empleos para los trabajadores y trabajadoras del sector). Hay que rescatar a los trabajadores, y socializar la propiedad de las empresas cuyos propietarios quieran dejar en la estacada, como es el caso actual de Alcoa, cuyos trabajadores/as llevan protagonizando huelgas desde hace meses. Se me podrá argumentar que dichos objetivos no están recogidos en el Acuerdo Programático del Gobierno de Coalición, pero lo cierto es que si no los planteamos cuando tenemos la oportunidad, será de nuevo una oportunidad perdida. No podemos continuar instalados en la cobardía y en la tibieza, defendiéndonos de unos ataques y de unas críticas cada vez más envalentonadas y más salvajes de la derecha y la ultraderecha. Si no volvemos a recuperar la radicalidad, todos estos objetivos se irán esfumando en el horizonte, y al final nadie se acordará de ellos. ¿Dónde están Izquierda Unida y el Partido Comunista de España? Hay que volver a recuperar sus valores y su ideario. No podemos dejar que se diluyan como un azucarillo dentro de los objetivos de un Gobierno “progresista”, que lo único que hace es defender sus posturas ante las ridículas y patéticas críticas de una ultraderecha desbocada, que hace prepotencia del insulto y de la descalificación más absoluta.

Para que un Gobierno sea legítimo también tiene que creérselo él mismo. Parece que este Gobierno no se lo cree. Parece que tiene que andar de puntillas para que no se escuchen sus pasos. Parece que a cada medida que toma tiene que ir pidiendo disculpas a una parte del país, cosa que no ocurre cuando gobierna la descarnada y desalmada derecha. No tenemos, sin ir más lejos, ni un solo canal de televisión en nuestro país que de verdad proclame los postulados de la izquierda, emita documentales de izquierda, entreviste a gente de la izquierda, debata con gente de la izquierda, y analice las noticias desde una crítica izquierdista. Tenemos un montón de canales de televisión privados, todos pertenecientes al ideario más conservador, desde la propia cadena de los Obispos (TreceTV), pasando por los canales más populares (A3, T5…), hasta llegar a La Sexta, que es el que juega a “poli bueno”, es decir, a hacer como que critica a la derecha y defiende a la izquierda, cuando en realidad es otro canal pagado y controlado por la derecha, por los poderes económicos y por los grandes conglomerados mediáticos del país. La Sexta “simula” ser un poco más “progresista” que el resto de canales, simplemente porque alberga algunas voces y opinadores más “críticos” con la derecha, pero no responde, como hemos propuesto más arriba, a los contenidos divulgativos de un canal izquierdista que se precie de serlo.

La política espectáculo, al estilo de la practicada en los Estados Unidos (al cual le seguimos siguiendo el rastro, incluso en tiempos de “Calígula” Trump), está cada vez más presente en este Gobierno de coalición. Pocos contenidos reales, pero mucho espectáculo. Cada conjunto de medidas es presentada en un gran foro, bien repleto de adornos y símbolos (incluidos los sempiternos patrocinadores), donde acude no solo el Gobierno en pleno (algo absurdo pues los Ministros/as ya conocen dichas medidas), sino que se invita a toda la plana mayor de los “agentes sociales” de este país, es decir, toda la pléyade de grandes empresarios/as, representantes institucionales y políticos de rompe y rasga, y todo ello bajo un clima de glamour y esplendor que no corresponden con la austeridad de un Gobierno que debiera practicarla y difundirla, pero de verdad. ¡Cuán enemigo de tantas zarandajas era nuestro querido y admirado Julio Anguita, referente, según ellos/as mismos/as proclaman, de algunos dirigentes de este tibio Gobierno de coalición! Hace falta menos política-espectáculo y más medidas reales que dignifiquen la vida de la gente, de los más desfavorecidos, de los más vulnerables. Hacen falta menos foros, menos escenarios, menos glamour y menos reuniones de salón y más política real que nos haga alcanzar cotas de mayor democracia y justicia social. La podredumbre y mediocridad de nuestros líderes gubernamentales salta a la vista, cuando solo son capaces de organizar bajo tanto bombo y platillo…¡las medidas huecas! La nada.

Si en esto ha quedado la izquierda, si este es todo el “progresismo” que pueden ofrecernos, siento decir que seguirán teniéndonos a su lado, seguiremos (al menos yo) votándolos (porque efectivamente las otras alternativas ni están ni se las espera), pero continuarán defraudando los ideales de justicia y democracia de muchos miles de personas, de generaciones anteriores y actuales, de dirigentes de la izquierda que dieron sus vidas por sociedades mejores, de represaliados por el franquismo que aún están en las cunetas, y de millones de personas (y creciendo) cuya vida es cada vez más frágil, más vulnerable, más sometida. Seguiremos votándoles a ellos/as, simplemente porque representan lo menos malo, pues la alternativa, ya lo sabemos, son las hordas salvajes y criminales de la derecha. Este Gobierno de coalición, con su tibieza y cobardía, seguirá contribuyendo a la desilusión de la verdadera izquierda, esa que aún aspira a profundas transformaciones sociales, políticas y económicas, y que contempla con estupor y vergüenza hasta qué punto los dirigentes de un Gobierno “de progreso” solo saben hacer lo que están haciendo. Los que aspiramos a otro mundo posible, a otra sociedad más justa y humana, no estamos orgullosos ni contentos. No podemos estarlo al comprobar hasta qué punto el posmodernismo imperante, la tibieza y la cobardía con que se limitan a defender insulsas medidas eclipsan lo que en el pasado criticaban abiertamente. Sin saberlo (o siendo conscientes, que es peor), están contribuyendo a extender el mantra del “todos los políticos son iguales”. Aunque no lo sean. Pero es que eso hay que demostrarlo.

Estamos en la novena y última entrega de esta breve serie de artículos, donde nos propusimos exponer un retrato sobre Cuba, sobre su dignidad y su valentía, sobre lo que representa para el mundo. Nos quedamos haciendo un pequeño croquis sobre algunos de los avances y conquistas más significativas alcanzadas hasta la época de Raúl Castro, siguiendo este artículo de Aline Pérez Neri para el medio Cubainformacion. En el artículo anterior contamos la situación en cuanto al sistema sanitario, y seguiremos a partir de ahí:

B) EL PAPEL DE LA MUJER EN CUBA:

1.- De los 605 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las mujeres constituyen el 53,22%, lo que le sitúa como el segundo parlamento del mundo con mayor participación femenina, superado solo por Ruanda con un 61,3%.

2.- Ocho de cada diez fiscales en Cuba son mujeres, al igual que el 75% de los cuadros de dirección de la Fiscalía General de la República.

3.- Podemos afirmar que Cuba ha conseguido alcanzar una sociedad sin feminicidios, es decir, sin asesinatos de mujeres por el mero hecho de serlo. 

C) LA EDUCACIÓN EN CUBA:

1.- Según la UNESCO, Cuba dispone de la tasa de analfabetismo más baja y de la tasa de escolarización más alta de toda América Latina. En Cuba no existen los/as analfabetos/as. 

2.- Más de 2/3 de los Presupuestos del Estado se destinan a educación, salud, seguridad social, cultura, deporte e investigación científica. 

3.- La educación es totalmente gratuita para toda la población. 

4.- El ingreso a la enseñanza primaria supera el 98% y la escolarización el 99% de la población entre 6 y 11 años de edad. 

5.- Las Escuelas Especiales cuentan con una matrícula de más de 30.000 niños/as, para que además de valerse por sí mismos/as se puedan incorporar a la vida en sociedad. 

D) EL NIVEL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN CUBA:

1.- Cuenta con una niñez saludable, protegida y segura. Ninguno de los más de 2 millones de niños y niñas de entre 0 y 17 años vive en la calle. 

2.- El Estado cubano protege a los niños y niñas huérfanas. Si la situación incluye a ambos progenitores, se mantienen las pensiones hasta que el hijo o hija concluya sus estudios. 

3.- Cuba es el único país de América Latina que se encuentra entre las diez naciones del mundo con el mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH) sobre los tres criterios (esperanza de vida, educación y nivel de vida) de los últimos años. 

4.- Cuba es uno de los países más seguros y tranquilos del mundo, donde no existe el clima de violencia social que impera en otros lugares del planeta.

5.- Cuba defiende su soberanía nacional en todos los ámbitos y foros internacionales, por ello es símbolo de dignidad y resistencia reconocida en todo el mundo. 

E) EL LEGADO DE CUBA:

1.- La Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha graduado a más de 28.500 médicos alrededor de 100 países, desde el año 2005.

2.- Desde 1963 con la primera misión internacionalista en Argelia, cerca de 132.000 trabajadores de la salud han prestado servicios voluntariamente en más de 100 países. Actualmente, más de 38.000 colaboradores médicos ofrecen sus servicios en 66 naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo, la Operación Milagro (que opera de la vista gratuitamente a poblaciones pobres, para que no queden ciegas a consecuencia de las cataratas) le ha devuelto la vista a más de 2,5 millones de personas de 28 países. 

3.- El Programa de Alfabetización "Yo sí puedo", lanzado en el año 2003, ha enseñado a leer y escribir a 9,7 millones de personas en más de 35 países de los cinco continentes, entre ellos, por ejemplo, 700.000 mexicanos/as. 

Podríamos continuar. La lista de logros, conquistas, ayudas, altruismos, solidaridad, cooperativismo y resistencia cubanas no tiene límites. Estamos seguros de que si la ONU actuara con tanta determinación y valentía ante el mundo como el pueblo cubano lo hace en la medida de sus posibilidades, otro gallo (mundial) nos cantara. Cuba es quizá el mejor referente de que otro mundo ha sido y es posible. En Cuba no existen fraudes electorales, ni corrupción, ni personas que no tengan sus necesidades elementales cubiertas. En Cuba están prohibidas la propaganda y las promesas de campaña, y todos los miembros públicos electos rinden cuentas al pueblo cubano cada seis meses. Sus cargos son revocables. Cuba es un modelo de sostenibilidad para el resto del mundo, que debiera exportarse, ahora que ya somos medianamente conscientes del colapso civilizatorio al que nos enfrentamos. En ese sentido, Fidel Castro dejó dicho: "Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan al medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre". Sirvan las sabias palabras de uno de los mejores revolucionarios de la historia de la humanidad para que aprenda tanto político de pacotilla como tenemos hoy en el mundo. Esos que se creen altos dirigentes y hombres de Estado, y no son más que patéticos siervos del gran capital. 

La propia población cubana es factor fundamental para que la Revolución se mantenga y se afirme, evolucione pero no involucione. Y es que ningún proceso popular de cambio puede darse sin la población, en ningún lugar del mundo. La historia lo ha demostrado fehacientemente. Por eso, los "progresismos" que aparecen como producto concreto de una determinada elección en los marcos de la democracia fijados por el sistema capitalista no pueden ir más allá. Muchos países lo han intentado. Ninguno lo ha conseguido. Únicamente Cuba ha sabido conducir su Revolución por buen camino, y ello por dos factores fundamentales: su población adherida fielmente a los preceptos y objetivos revolucionarios, y un Ejército situado siempre al lado de su pueblo. Esas han sido y son las garantías de una Revolución exitosa, como la cubana. Larga vida al modelo cubano y a su gente. Finalizamos aquí. Esperamos haber contribuido, como siempre, a desarmar espurios argumentos que sirven solo para atacar a una isla caribeña, pequeña en tamaño, pero grande en dignidad. Agradezco a los diversos autores y autoras que me han servido como referencia para dar cuerpo a esta pequeña exposición sobre Cuba, y termino con las palabras del mexicano Fernando Buen Abad Domínguez, quien ha declarado: "En cualquier balance afectivo e intelectual (juntos o separados) que hagamos en América Latina y el Caribe, encontraremos a Cuba como referente infaltable y como deuda impagable. No son pocos los protagonistas políticos, intelectuales o artísticos que no tengan, en su vida y obra, una fuente referencial originaria de Cuba. Quienes crecimos con la Revolución, que supimos de ella con sus victorias y sus tropiezos, tenemos la ganancia especial de su ética y de su resistencia expresadas en todas sus batallas. Cuba nos enseñó la importancia del ser y el hacer revolucionario a pesar de todos los pesares. A pesar, incluso, de las diferencias y las indiferencias. Cuba estuvo y Cuba está ahí, siempre firme". ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Hasta la victoria siempre!

Pero todavía existen más razones que avalan que Cuba puede ser considerada lo más cercano al Paraíso en nuestro planeta, aún con todas sus limitaciones y defectos: por ejemplo, el Parlamento cubano es el segundo en el mundo con una mayor representatividad femenina, concretamente 322 mujeres sobre un total de 605 miembros, lo que supone el 53,2% de presencia femenina, en un país en el que las mujeres disponen de los mismos derechos que los hombres. Por todas estas cosas es lógico pensar que Cuba sea profundamente odiada por la ultraderecha mundial. A los terroristas de Miami no les gusta nada que Cuba tenga la sociedad más pacífica, altruista y solidaria del mundo. Hazañas como la de la lucha contra el ébola en África, la ceguera en América Latina y el Caribe, el cólera en Haití y la participación de 26 brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Desastres y Grandes Epidemias "Henry Reeve" en distintos países, dicen mucho sobre la entrega y la capacidad de los profesionales cubanos, y evidencian la esencia humanista de la cooperación internacional llevada a cabo por la pequeña isla caribeña. Bien, pero nos vamos a centrar a continuación, con más profundidad y detalle, en la propia Constitución cubana, paradigma de las más evolucionadas del mundo. Su última actualización data del año 2018. Dicho proceso ha sido modelo de un sistema de democracia participativa muy probablemente único en el mundo, como apunta Ángel Guerra Cabrera en este artículo, que tomamos como referencia a continuación. Dicha nueva Constitución nace como resultado de un profundo debate popular llevado a cabo por cerca de 9 millones de cubanos/as, desde el mes de agosto a noviembre de 2018, repartidos en 113.000 asambleas de base, que dieron como resultado la inclusión de más del 50% de las propuestas provenientes de esa instancia, generadoras de aproximadamente 760 cambios en el antiguo texto legal, que implicaron la modificación/actualización de cerca del 60% de su articulado. La Constitución de Cuba es un modelo de participación popular, a seguir por cualquier país democrático que se precie de serlo. 

Este proceso también fue abierto a los cubanos y cubanas residentes en el extranjero, y de hecho entre las propuestas de cambio formuladas muchas provienen de los 700.000 ciudadanos/as residentes en el exterior, que como decimos, también participaron en el proceso. El proyecto final que dio pie a ese gran proceso participativo fue finalmente aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 22 de julio de 2018, después de un intenso debate donde experimentó importantes modificaciones. Finalmente, el documento aprobado fue sometido a referéndum constitucional el 24 de febrero de 2019. En palabras del actual Presidente, Miguel Díaz-Canel: "La nueva Constitución reafirma el rumbo socialista de la Revolución y nos permite encauzar la labor del Estado, el gobierno, las organizaciones y todo el pueblo en el perfeccionamiento continuo de la sociedad; refuerza la institucionalidad; establece la prevalencia de la Carta Magna en nuestro actuar, una mayor inclusión, justicia e igualdad social y un reforzamiento del empoderamiento del pueblo en el gobierno de la nación". Seguimos a continuación a Ariel Dacal Díaz en este artículo para la revista electrónica Sin Permiso, donde nos ilustra sobre determinados aspectos de la nueva Constitución cubana. El año 2018 oficializó también la transición generacional en la dirección del Estado y del gobierno, proceso que había dirigido Raúl Castro desde 2007. Explica Dacal Díaz: "En la última década se reorganizaron los procesos de producción, distribución y consumo; se amplió el sistema de gestión de la propiedad y se diversificaron los sujetos económicos; se definieron los sectores y ejes estratégicos para el desarrollo; se modificaron los mecanismos de la política social; y se ajustó el funcionamiento de la administración central del Estado. Quedaba pendiente el ajuste al modelo político e institucional que previera constitucionalmente los cambios en curso". El proceso de debate popular tuvo varios momentos que abarcaron desde abril de 2018 hasta febrero de 2019, que permitieron ir abarcando todos los ámbitos de la soberanía popular cubana que debían pronunciarse sobre los contenidos de la nueva Carta Magna. 

En un primer momento, la ANPP (único órgano con poder constituyente) eligió entre sus miembros a una Comisión Redactora, que dio cuerpo, elaboró y redactó un proyecto de Constitución. Después de presentado oficialmente, éste fue debatido y aprobado por la propia Asamblea. Luego, como hemos contado más arriba, durante tres meses, el proyecto fue sometido a amplia consulta popular en centros laborales, comunidades, asociaciones, instituciones estatales y amplio tejido de la sociedad civil. Y este proceso incluyó por primera vez la consulta a cubanos y cubanas residentes en el exterior. Finalizada dicha consulta, la Comisión Redactora analizó la propuesta, lo que derivó en un ajuste del 60% del conjunto del articulado inicial. La ANPP debatió y aprobó el documento, que finalmente se sometió a referéndum popular en febrero de 2019. Más del 78% de los votantes sufragaron positivamente el nuevo texto constitucional. Aún con todo ello, todo este proceso de reforma constitucional no fue perfecto, también adoleció de defectos, imperfecciones y algunas cuestiones que convendría mejorar, que son tratadas por el autor del artículo de referencia, donde remito a mis lectores y lectoras interesados/as. A mediados de 2018 Raúl Castro, hermano del Comandante Fidel que lideró la Revolución (y que había tomado las riendas del poder una vez retirado éste) dejaba el poder al nuevo Presidente, Miguel Díaz-Canel. En este artículo del medio Cubainformacion se nos da cuenta de la Cuba que ha dejado Raúl Castro, y vamos a tomarlo como referencia a continuación. Expondremos solo algunos datos que según diversos organismos internacionales caracterizan a Cuba, o son hitos de sus conquistas en todos los ámbitos: 

A) ÁMBITO DE LA SALUD:

1.- La mortalidad neonatal (menores de 28 días de vida) es de 2,1 por cada mil nacidos vivos.

2.- La mortalidad materna directa se encuentra en 21,7 por cada 100.000 nacimientos. 

3.- La mortalidad infantil se ubica en 4,3 por cada mil nacidos vivos. 

4.- Cuba es el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo/a del VIH.

5.- Los cubanos y cubanas poseen una esperanza de vida de 78 años. 

6.- En cuanto al sector de la tercera edad, Cuba dispone de más de 15.000 Círculos de Abuelos, 12 Casas de Abuelos y 150 Hogares de Ancianos. 

7.- Cuba dispone de un programa de vacunación universal y gratuito contra un total de 13 enfermedades. Se aplican 11 vacunas, 8 de ellas producidas en Cuba. 

8.- Cuba fabrica medicamentos únicos en el mundo, con gran prestigio internacional, tales como Heberprot-P (para el tratamiento de la úlcera de pie diabético), la Vacuna CIMAVAX-EGF (para el tratamiento del cáncer de pulmón), el Policosanol (producto natural para reducir el colesterol), VA-MENGOC-BC (una vacuna contra el meningococo), NeuroEpo (medicamento que retrasa la progresión del Alzheimer), Heberferon (para el tratamiento del cáncer de piel), etc. 

9.- En Cuba trabajan casi 400.000 profesionales de la salud que han brindado su ayuda desinteresada en más de 160 países.

10.- Cuba posee una tasa de 7,7 médicos por cada 1.000 habitantes, el porcentaje más elevado del mundo, superior incluso al de las naciones más desarrolladas, donde además, es el médico quien visita al paciente, y no al contrario. 

11.- Cuba es el país de toda América Latina con mayor índice en el desarrollo de la educación, y el único en cumplir los objetivos globales del proyecto "Educación para Todos" (ver artículo anterior donde hemos detallado los objetivos de dicho proyecto, todos ellos cumplidos por la isla caribeña).

12.- La salud es completamente gratuita para toda la población. 

Finalizaremos en la novena y última entrega de la serie, donde repasaremos más aspectos, logros, avances, hitos y mejoras de la Cuba actual. Hasta entonces.